El caso de Suecia me parece muy ilustrativo. Hicieron la reforma del sistema de pensiones, entre otras muchas, a raíz de la tremenda crisis que asoló el país a principio de los años 90, algo muy similar a lo que está pasando en España actualmente.

Suecia partió de un sistema de reparto como el nuestro y lo sustituyeron por uno mixto, manteniendo el Estado por la vía presupuestaria el pago de las pensiones mínimas de vejez y la denominada pensión de garantía, para todos aquellos ciudadanos que no tienen medios económicos suficientes. De este modo, el Estado garantiza un nivel de vida mínimo a todos sus ciudadanos.

Ahora bien, todo trabajador sueco aporta obligatoriamente un 16% de su salario a una Caja Común (en España, la cotización conjunta de trabajador y empresario a la Seguridad Social ronda el 28,3%). El dinero de esa Caja Común se destina a pagar las pensiones actuales, calculándose el importe de dicha pensión en base a lo que cada trabajador ha aportado a lo largo de toda su vida laboral, no como en España, donde el cálculo se hace en base a lo cotizado los últimos 15 años.

Además, las pensiones son variables, no fijas como en España, donde independientemente de la saludad financiera del sistema de pensiones, cada pensionista sigue percibiendo el mismo importe mensual en concepto de pensión. En Suecia no, en Suecia los pagos se ajustan anualmente a la situación financiera del sistema.

Si se produce un déficit en la Caja que paga las pensiones, automáticamente se corrige recortando la cantidad a pagar a cada pensionista, algo impensable hasta el momento en España. Lo que no se admite, en ningún caso, es que un déficit del sistema sea cubierto a través de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, incrementando el gasto público o subiendo la presión tributaria, ni se cubra dicho déficit incrementando el porcentaje de cotización a los trabajadores en activo, ya que eso supondría encarecer la mano de obra.

El sistema de pensiones tiene que ser autónomo, tiene que ser capaz de autofinanciarse, con los ingresos corrientes del propio sistema, sin incrementar la recaudación del mismo con mayores cotizaciones sociales y sin acudir a otras fuentes de financiación ajenas al propio sistema.

Si hay excedente en la Caja Común, el dinero sobrante se invierte por parte de Fondos independientes en los mercados de valores, nacionales o internacionales, con la finalidad de capitalizarlos y obtener una rentabilidad. Las ganancias que se obtengan vuelven a añadirse a la Caja Común. De este modo, si hay superávit se sigue destinando a sufragar las pensiones. Como puede verse, aun siendo un sistema de reparto, los excedentes de la Caja Común se invierten atendiendo a criterios propios de un sistema de capitalización.

Además del 16% anterior que todo trabajador destina a la Caja Común, hay otro 2,5% adicional puede invertirlo en uno de los diferentes fondos de pensiones privados autorizados. Esta es la parte del sistema que se denomina de capitalización pura y dura, donde cada trabajador destina de sus propias cotizaciones una parte a su propia cuenta de pensiones, decidiendo qué tipo de inversión quiere para su propio dinero, de entre los diferentes fondos de pensiones privados, y donde las ganancias o pérdidas que pueda haber las asume él personalmente.

Por último,  y como tercera vía de financiación, casi todos los trabajadores tienen fondos financiados por sus empresas con el 4,5% de su salario.

En conclusión, se diversifican las fuentes de financiación de la futura pensión, se garantiza una pensión mínima que asegura un nivel de vida digno para todos los ciudadanos y, sobre todo, se hace que cada trabajador, se responsabilice de su pensión, como también ocurre con el sistema de capitalización, sin depender de generaciones futuras para hacer efectivo el cobro de sus pensiones, algo que pasa en España con el modelo actual y que es el auténtico problema de fondo.

C) Y, por último, el modelo de Alemania, que es el más parecido al español. Es un SISTEMA DE REPARTO, donde los trabajadores actuales financian con sus cotizaciones las prestaciones que perciben los jubilados actuales.

En Alemania, manteniendo el modelo actual, el aspecto más importante de la reforma, ha consistido en ampliar la edad de jubilación a los 67 años, de modo progresivo.

Parece que las reformas que se apliquen en España y que se aprobarán en el pleno del próximo 28 de enero, con o sin consenso de los agentes sociales, básicamente consistirán en aumentar progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años, en lugar de los 65 actuales, y elevar la base para calcular la pensión, desde lo cotizado en los útlimos 15 años a lo cotizado en los últimos 20 ó 25 años.

A mí entender, son meros parches, creo que no van al fondo del problema, que no es otro que la peligrosísima dependencia que hay entre trabajadores en activo y personas percibiendo una pensión. O dicho de otro modo, que la pensión de cualquier jubilado dependa de las cotizaciones de los trabajadores en activo.

Cualquier reforma que se haga tiene que tener como objetivo prioritario eliminar de raíz esa "suicida" dependencia y hacer que la pensión que se perciba en el futuro, dependa básicamente de las cotizaciones que cada trabajador haya realizado durante toda su vida laboral. Cada trabajador tiene que responsabilizarse de su futura pensión.

Por eso, y porque creo que pasar directamente a un sistema de capitalización, aunque para mí sea el mejor de los sistemas, es inviable a día de hoy, por el gran volumen de pagos comprometidos con los actuales jubilados, que obliga a seguir ingresando en el sistema grandes cantidades a través de las cotizaciones de los trabajadores en activo para poder financiar las pensiones actuales, apuesto claramente por el modelo sueco, con un claro componente de capitalización, tanto colectiva como individual, pero al mismo tiempo con una base de sistema de reparto, que ajuste sus pagos a sus ingresos, sin generar déficits que otras generaciones deban soportar.

Me imagino que un Pacto de Estado en este tema, como en tantos otros, será mucho pedir, pero sería no solo deseable sino necesario que quienes tienen el deber de tomar decisiones, se olvidaran de complejos, demagogias, prejuicios ideolócios y personales e intereses partidistas y pensaran como estadistas, en el interés general y con la vista puesta en las próximas generaciones, y no en el corto plazo, que por otro lado, es lo único en lo que saben pensar quienes dependen de los votos de los ciudadanos.

Si además se derogara el vergonzoso Reglamento de Pensiones y otras prestaciones económicas a favor de los ex-parlamentarios, que otorga a los mismos unas injustificadas, incomprensibles e inmerecidas ventajas a la hora de percibir una pensión, y que es un agravio comparativo claro con respecto a cualquier otro trabajador, podríamos pensar que además de defender unas necesarias reformas, nuestros políticos predicarían con el ejemplo, y el coste de las mismas lo asumiríamos entre todos y no siempre los mismos.

Y si finalmente, no tuvieramos que presenciar el bochornoso privilegio que permite que ex-presidentes de anteriores Gobiernos, de diferentes partidos, puedan compatibilizar el cobro de su pensión pública vitalicia con el cobro de sueldos millonarios en empresas multinacionales, y además se hace a cambio de ejercer de "lobbistas", poniendo a disposición de las empresas para las que trabajan toda su red de contactos logrados en sus años pasados en la política, quízá tendríamos más argumentos para entender la necesidad de las reformas planteadas y no tendríamos la sensación de sufrir la "ley del embudo". Ya saben, "lo ancho para mí y lo estrecho para los demás".

Un saludo para todos, y con esta tercera entrega finalizo mi análisis sobre el presente y futuro de las pensiones.